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LA DIPUTADA ARGENTINA DEL PARLASUR CUMPLE UN AÑO EN LA CÁRCEL PESE A SU POLÉMICA DETENCIÓN

La activista argentina y diputada del Parlamento del Mercosur Milagro Sala cumplió hoy un año en prisión preventiva, acusada de delitos como fraude al Estado y extorsión, pese a las circunstancias polémicas de su detención, que han sido rechazadas por organismos como Naciones Unidas.

En este aniversario, el Comité por la Liberación de Milagro Sala organizó un acto en Buenos Aires para escenificar el respaldo a la activista, con la participación de referentes políticos, culturales, sindicalistas, juristas y organismos de derechos humanos.

Ante multitud de medios de comunicación y simpatizantes que colapsaron la sede de la Tupac Amaru -la organización social dirigida por Sala- se leyó además una carta escrita por la activista, en la que llamó a redoblar la militancia y a no ceder ante la “persecución”.

“No se salva nadie, compañeros, ni se van a salvar si no los militamos con la militancia en las calles y también en las urnas (…) Nos prometieron la revolución de la alegría y nos trajeron tristeza, despidos y pobreza”, escribió.

A lo largo del día, el apoyo a Sala se plasmó también en forma de cortes de carreteras y manifestaciones en diferentes puntos del país, desde Buenos Aires a la norteña provincia de Jujuy, donde permanece encarcelada.

“Estamos haciendo un tremendo papelón internacional (…) Nos compromete a todos los argentinos, no solo al Gobierno”, recalcó hoy el exmiembro de la Corte Suprema argentina y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, en su intervención en el acto del Comité.

“Basta de mentiras, basta de represión, basta de persecución”, sostuvo, por su parte, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Entre los asistentes también figuraron el actor español Guillermo “Willy” Toledo y el argentino Alberto Ammann, el gobernador de la provincia argentina de San Luis (oeste), Alberto Rodríguez Saá, y multitud de legisladores de la izquierda y del peronismo, en especial del kirchnerista Frente para la Victoria.

Todos ellos consideraron que Sala es una “presa política” y exigieron al Gobierno revisar la situación.

No faltaron tampoco los abogados de Sala, que anunciaron que van a iniciar acciones legales por unos correos electrónicos difundidos este fin de semana por la prensa local, intercambiados entre funcionarios locales y nacionales y miembros del poder judicial jujeño, sobre el caso Sala.

“Demuestran en otro formato lo que desde hace un año venimos diciendo, que Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial”, señaló la letrada Elisabeth Gómez Alcorta.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador jujeño, el oficialista Gerardo Morales, pero permaneció después encarcelada debido a otros cargos, como fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

La activista encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.

Elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, la activista aún no ha podido asumir su cargo y su detención es seriamente cuestionada por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esa línea, Amnistía Internacional reiteró hoy en un comunicado que consideran “arbitraria” la detención.

Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades jujeñas argumentan que dichos organismos no conocen en todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está solo en manos de la Justicia.

Hasta la fecha, los tribunales se han expedido en dos de las causas menores contra la activista, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.

Por la primera se le impuso una multa por 3.780 pesos (unos 240 dólares) y la prohibición de integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses, mientras que por la de 2009 recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso (no efectiva).

EFE

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