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GOBIERNO P.RICO SOLICITA APLAZAR ENTREGA DE PLAN FISCAL A ENTIDAD SUPERVISIÓN

El Gobierno de Puerto Rico solicitó un aplazamiento para la presentación del plan para las finanzas públicas que le exige la entidad de supervisión impuesta por Washington con la incertidumbre sobre el pago de las nóminas de febrero a los empleados públicos.

Medios de la isla informan hoy de que la Junta de Supervisión fiscal, entidad que estableció la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica aprobada por el Congreso en Washington en junio, evalúa actualmente la petición del gobernador, Ricardo Rosselló, de extender el plazo para presentar el plan fiscal y de la “congelación” de las demandas de los acreedores por impago que permite esa norma.

Rosselló se convirtió en gobernador el pasado día 2 tras jurar su cargo como nuevo jefe del Ejecutivo puertorriqueño y uno de sus primeros pasos ha sido pedir que se retrase la presentación del plan fiscal, el documento que debe incluir las pautas que va a seguir el Gobierno para manejar las finanzas públicas y atender el pago a los acreedores de una deuda que ronda los 68.000 millones de dólares.

El gobernador adelantó durante su campaña electoral que el plan que presentará a la Junta de Supervisión fiscal será uno que proporcione acceso a liquidez a corto plazo, reduzca gastos y haga un cambio estructural en las instituciones estatales.

En noviembre pasado, la Junta de Supervisión fiscal a través de su presidente, José Carrión, rechazó el plan fiscal presentado en octubre por el ya exgobernador Alejandro García Padilla por entender que no cumplía la exigencias de rigurosidad necesarias para manejar las finanzas públicas de la isla y pagar a los acreedores.

Rosselló solicitó el aplazamiento por 45 días de la presentación de su plan fiscal ante la exigencia de la Junta de Supervisión de contar con una propuesta para el próximo día 15 con el objetivo de su aprobación antes de finales del presente mes.

De ser aceptada esa extensión de 45 días también se prolongará la “congelación” de las demandas judiciales para el cobro de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.

La isla incurrió durante 2016 en el impago de vencimientos de deuda y la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica permitió que las demandas de los acreedores por incumplimiento no pudieran acogerse por parte de los tribunales hasta mediados de febrero.

El objetivo de la medida fue que el Ejecutivo se pudiera concentrar en hacer frente a sus problemas más inmediatos sin la pérdida de atención que supone atender a una maraña judicial provocada por demandas de acreedores.

Carrión informó de la petición del gobernador de Puerto Rico de extender el plazo sin aclarar, por el momento, si se concederá esa demanda.

La posibilidad de atrasar la entrega del plan y de que continúen sin tener efecto las demandas de los acreedores son una esperanza del Gobierno que se enfrenta a cómo mantener sus operaciones sin prácticamente liquidez en las arcas públicas.

El pasado día 2, durante su discurso como nuevo gobernador, Rosselló dijo que no hay fondos para pagar las nóminas de los empleados públicos del mes de febrero.

Medios locales apuntan hoy que el Gobierno ha conseguido un préstamo por parte de sus acreedores que permitirá pagar a los funcionarios.

La negociación del préstamo, del que no se dan detalles, permitiría el pago de la nómina de los empleados públicos y el retraso de los vencimientos de la multimillonaria deuda, acumulada durante las pasadas décadas por la emisión de bonos por parte de las distintas administraciones para financiar déficit.

Rosselló, para afrontar de forma inmediata los problemas financieros del Gobierno, aprobó el primer día de su mandato varias órdenes ejecutivas que incluyen recortar los gastos operacionales en las corporaciones públicas un 10 % y eliminar el número de puestos de confianza en un 20 %.

EFE

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