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El sector no agrícola de EE.UU. podrá reclutar más trabajadores guatemaltecos

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Autoridades guatemaltecas aseguran que el envío de trabajadores temporales a Estados Unidos forma parte del plan de recuperación económica ante la pandemia. Guatemala es el tercer país a nivel mundial que más profesionales aporta a EE.UU. bajo el amparo de visas H2.

El Gobierno de Guatemala dio a conocer que a finales de la semana firmó un acuerdo bilateral en materia laboral con Estados Unidos con el fin de aumentar las oportunidades de trabajadores guatemaltecos de aplicar a visas del sector no agrícola (H2B), más allá de las de tipo agrícola (H2A), que ya se contemplaban.

Según datos dados a conocer por cancillería del país centroamericano, el convenio original fue firmado en 2019 y esta ampliación forma parte del plan de recuperación económica ante la pandemia del COVID-19 que, el ministerio de Relaciones Exteriores está impulsando a través de las misiones diplomáticas y consulares para identificar oportunidades laborales para los guatemaltecos en el exterior.

“Dentro de estas acciones, a través de la embajada de Guatemala, los 21 consulados y la Red de Consejeros Comerciales acreditados en los Estados Unidos de América, hemos realizado acercamientos con autoridades y empresarios, con el objetivo de promover la contratación de mano de obra guatemalteca en los sectores de agricultura, ganadería y construcción, entre otros” explicó el canciller de Guatemala, Pedro Brolo.

La firma del convenio fue realizada por el canciller guatemalteco Pedro Brolo; el embajador de EE.UU., en Guatemala, Luis Arreaga; el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez; y el viceministro de Previsión Social y Empleo, Pedro Blanco.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala destacó que, “Guatemala es el tercer país a nivel mundial que aporta trabajadores temporales mediante visas H2 a Estados Unidos”, y que las autoridades de ese país han desarrollado mecanismo de reclutamiento que beneficia tanto a los empleadores estadounidenses como a los guatemaltecos.

Arreaga también destacó que el programa busca brindar el acceso a empleos mejor pagados y sobre todo es una alternativa para los que buscan trabajos en el exterior migrando de forma segura, legal y ordenada.

De acuerdo con el ministerio de Trabajo cerca de  2,9 millones de guatemaltecos conforman la población migrante de Guatemala y su aporte en remesas es fundamental para el desarrollo económico y social.

Se agota el tiempo para inmigrantes que quieren la ciudadanía antes del alza de tarifasCostará 83% más obtener la ciudadanía.

El Día de la Ciudadanía significa este año una carrera contrarreloj para un gran número de inmigrantes que deben presentar sus solicitudes de naturalización antes del próximo 2 de octubre, cuando se dispararán las tarifas de numerosos trámites migratorios en un duro golpe a los bolsillos de los residentes que quieren hacer el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.El pasado 31 de julio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 20% en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535%, para financiar el 97% de sus operaciones.

Los $500 que marcan la diferencia

Uno de los más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos.“Son más de 500 dólares que en estos momentos no son fáciles de conseguir, y menos para personas como yo que ya no trabajamos”, dijo a Efe Rosalía Soto, de 68 años.

Soto, oriunda de México, es residente permanente de Estados Unidos desde hace más de una década y actualmente enfrenta problemas de salud que le impiden trabajar.La mexicana había estado retrasando su proceso de naturalización por la falta de recursos, además de que no domina bien el inglés y le teme al examen que debe aprobar.

“Le tengo miedo a las preguntas pero más a este Gobierno de (el presidente Donald) Trump porque creo que nos quiere sacar a todos, sin papeles o con papeles”, asegura la inmigrante.Soto no sería la única que se encuentra en esta carrera contrarreloj. Salvador Sanabria, director de El Rescate, en Los Ángeles, dijo a Efe que su organización ha visto en las últimas semanas un aumento de residentes permanentes que responden al llamado de su campaña de naturalización, la mayoría empujados por el aumento de las tarifas y las políticas antiinmigrantes de la actual Administración.

Una triste celebración

El activista destaca que este 17 de septiembre, fecha en que se celebra el Día de la Constitución y la Ciudadanía en Estados Unidos, no es para festejar.“Aunque el Gobierno ha tratado de justificar los aumentos para sostener a USCIS, se ve que la intención es afectar al mayor número posible de solicitantes, y sabe por dónde pegarles: por el bolsillo”, opina.

En este sentido, el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), destaca que además de los aumentos en algunos procesos este 2 de octubre entra en vigencia una nueva regla que hará más difícil para los inmigrantes pedir la excepción de pago.

“El Gobierno se pondrá más estricto. Desde octubre no solo el inmigrante debe estar recibiendo algún beneficio público sino que debe demostrar su incapacidad de pago entregando evidencia de sus ingresos y sus gastos”, explica el jurista.

En espera de la corte

El panorama se muestra tan poco halagüeño que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), junto el bufete de abogados Sidley Austin, LLP, demandó al Gobierno Trump en agosto pasado para detener el alza en las tarifas. La querella busca una orden judicial de emergencia a nivel nacional para evitar que entre en vigencia la regla el próximo 2 de octubre.

“Los aumentos de tarifas, Incluido un aumento de 83% para las solicitudes de naturalización, colocan una barrera ilegal en el camino de las personas elegibles para los beneficios de inmigración. Estas pruebas de riqueza pertenecen al basurero de la historia”, puntualizó Jesse Bless, directora de Litigios de AILA, en un comunicado.A la lista de obstáculos para los aspirantes a ciudadanos se suma el temor de la regla de “carga pública”.

“Aunque la regla de pedir beneficios públicos no afecta a los residentes permanentes para hacerse ciudadanos, todas estas noticias tienen confundidas a las personas, y no saben cómo proceder”, indicó el abogado Romo.

Ese es el caso de la colombiana Hortensia Barrera. A sus 79 años y con casi 10 años como residente permanente, la inmigrante explicó a Efe que su decisión de naturalizarse obedece a que quiere asegurar su estancia en el país.

“No quisiera ver que las reglas cambien y tener que regresarme a Colombia. Aquí están mis hijas y mi familia”, aclara la inmigrante que inició el trámite esta semana.

Sin un pronunciamiento del juez que contempla la demanda de AILA, y a dos semanas de que comiencen a aplicarse los aumentos, Romo aconseja que antes de entrar en la carrera para realizar trámites antes del 2 de octubre los inmigrantes deben asegurarse que la solicitud esté completa, bien diligenciada, y que se cumplen todos los requisitos.

“Si no encuentran toda la información, o hay un problema de elegibilidad, pueden rechazar la solicitud y perder el dinero, y en muchos casos ponerse en el camino de la deportación”, alerta el abogado.

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