Inmigración

Activistas ven más riesgos para niños indocumentados si se cambia marco legal

(EFEUSA).- Los cambios que el Gobierno intenta lograr para supuestamente proteger a los inmigrantes indocumentados menores de edad que llegan a la frontera sur podrían exponerles a más peligros, incluso a ser víctimas de traficantes de personas, según un grupo de activistas.
Organizaciones a favor de los inmigrantes no se mostraron partidarios de la solicitud de la Administración federal hecha al Congreso para modificar una ley de 2008, que protege de la deportación expedita a los menores indocumentados no acompañados.
Wendy Young, de la organización Niños con Necesidad de Defensa (KIND, por sus siglas en inglés), en una conferencia telefónica calificó el pedido como un nuevo “ataque” a las familias inmigrantes, justo cuando se cumple un año de la implementación del fallido plan de separar a los padres de sus hijos cuando ingresaban a la frontera sur.
La activista también calificó de “falso” los argumentos del Gobierno de querer salvar a los niños de la trata de personas eliminando las protecciones y señaló que “por el contrario esto aumentará el peligro para que estos niños sean víctimas de tráfico humano”.
Entre los cambios propuestos se pretende que los menores no acompañados sean procesados dentro de las 48 horas siguientes a su detención en la frontera, y se evalúe si cumplen con los requerimientos de “miedo creíble” para realizar una solicitud de asilo político, o de lo contrario son deportados.
Además el Gobierno nuevamente quiere elevar los estándares de temor creíble, lo que empujaría a los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a buscar evidencia que sustente las declaraciones de temor del solicitante.
Young enfatizó que cambiar estos estándares desembocará en el rechazo de solicitudes de asilo que podrían ser válidas y, en el caso de los menores, es posible que sean demasiado pequeños para explicar su situación por completo.
“Es un escrutinio muy rápido, por agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo extremas circunstancias. No provee una oportunidad justa para que estos niños sean admitidos en Estados Unidos”, resaltó.
Los defensores de los menores inmigrantes subrayaron que el cambio propuesto también violaría el principio internacional “de no devolución”, que establece que no se debería regresar a un individuo a un país en el que es perseguido por motivos de raza, religión, grupo social u opinión política, entre otras razones.
Las modificaciones también afectarían a los patrocinadores de los menores no acompañados, que serían sometidos a investigaciones prolongadas, especialmente ligadas a su estatus migratorio, lo que los desalentaría y aumentaría por tanto el número de niños bajo custodia del Gobierno en refugios.
Adam Estle, director de la organización Field and Constituencies, National Immigration Forum, y ex director del Centro Refugio Phoenix para menores no acompañados, advirtió que estos albergues son sólo un puente que facilita que los menores pasen de la custodia de la Patrulla Fronteriza a la de sus patrocinadores y calificó como un lugar “inapropiado” para que los niños permanezcan mientras esperan que se defina su situación migratoria.
Esta semana, la Administración anunció la expansión de un centro de cuidado de niños inmigrantes en Homestead, en el sur de Florida, que albergaría a más de 3.200 menores, es decir unas 900 camas de las que contenía.
Young aseguró que las duras políticas de inmigración de Trump están creando estadías más largas para los niños en refugios como el Homestead, donde los menores pasan un promedio de 52 días, de acuerdo al Departamento de Salud que maneja estas instalaciones.
A la lista de objeciones Estle añadió que el cambio de la norma, llamada Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, también exacerbaría la crisis humanitaria en México, donde muchos menores quedarían atrapados al no tener la posibilidad de ingresar a Estados Unidos.
Por su parte Kit Danley, presidente de Neighborhood Ministries, en Phoenix, Arizona, quién hizo un viaje por los países del triángulo centroamericano de dónde viene la mayoría de niños no acompañados, advirtió que los legisladores deberían evaluar la verdadera situación de peligro que están atravesando estos niños.
“Con esas condiciones de peligro los niños no tienen otra opción que buscar protección” sostuvo la activista.

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